OMITIR ES CONSENTIR

Ser mujer es difícil y doloroso. No importa si cuenta con un estatus social alto, se es humilde, adulta, joven o niña, en la esfera pública o privada, la violencia de la cual somos víctimas las mujeres no discrimina. La han padecido mujeres jóvenes, como yo, o como nuestras madres o abuelas, o niñas como Yuliana Samboní. Diariamente nos enfrentamos a distintas formas de acoso, hay quienes deben afrontar gritos e insultos en sus casas, golpes y abusos físicos, mansplainig en sus lugares de trabajo, o alguna otra forma de violencia que nos han enseñado a normalizar.

Entre enero y septiembre de 2021 el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INML-CF) registró 7.668 casos de violencia intrafamiliar a mujeres, 21.063 casos de violencia contra mujeres por su pareja o expareja, y 13.448 casos de violencia sexual; por otro lado, la fundación Feminicidios Colombia en su último informe “No somos un día” ha registrado, en el mismo periodo, 243 víctimas de feminicidios en el país.

Las acciones violentas seguirán siendo parte del constructo social por mucho tiempo si el Estado y su Instituciones trabajan desde la omisión, perpetuando la violencia contra la mujer y haciéndola parte de la cultura como un comportamiento normalizado.

Honestamente, estas cifras me resultan alarmantes, somos víctimas de una estructura patriarcal, una sociedad machista y peor aún conformista, donde nuestra vida corre riesgo únicamente por haber nacido mujeres. Durante siglos a las mujeres se nos ha enseñado a obedecer, se nos dijo que pertenecíamos al hombre, que le debíamos respeto y lealtad. Durante siglos se nos prohibió vernos como personas autónomas e independientes, se nos persiguió por pensar diferente, y tras décadas de luchas, que aún continúan, hemos ido recuperando aquella dignidad que durante tanto tiempo nos fue arrebatada.

Sin embargo, en ocasiones pareciera que hemos chocado contra un muro imposible de penetrar, construido a base de creencias, de cultura y de ideologías que se han perpetuado en nuestra sociedad machista y conservadora. Solo hace falta observar cómo, aun con los esfuerzos nacionales y de la comunidad internacional por erradicar la violencia de género, como la Convención de Belém do Pará o la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), seguimos evidenciando casos como los de Ana María Castro, víctima de feminicidio, o Camila Alfaro, la joven que hace algunos días denunció públicamente a su expareja sentimental de quien recibió violencia física, sexual y psicológica.

Algo que llama la atención en su relato, fue la mención, no solo de la actitud de la madre del presunto agresor que demuestra hasta qué punto hemos naturalizado las actitudes violentas en nuestra sociedad, sino también el hecho de que una de las denuncias interpuestas por ella fue archivada por la Fiscalía como ente investigador sin una justificación aparente, y esto me hizo pensar ¿hasta qué punto el Estado y sus instituciones son cómplices?

Creo que, a estas alturas del camino, es evidente que existe una institucionalización de estas violencias de género, es decir, las Instituciones no solamente perciben la violencia como algo normal, sino que además pueden llegar a reproducir algún tipo de estas. ¿Por qué? Uno de los motivos por los que esto puede generarse son los servidores públicos y el talento humano que hace parte del Estado y sus Instituciones. Ya hemos mencionado como Colombia es una sociedad que conserva una estructura patriarcal y tremendamente machista, ahora, si las personas que trabajan en las Instituciones, como la Fiscalía, la Policía o el ICBF, todas entidades competentes para recibir casos de violencia contra la mujer son hombres o mujeres con ideas tradicionales frente el rol de la mujer en la sociedad, como esposa o madre abnegada, impregnaran a la Institución, desde su  individualidad, comportamientos de tolerancia a este tipo de violencias y seguramente no darán la importancia ni la celeridad necesaria para la protección de la víctima.

El informe “Tercera medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las Violencias Contra las Mujeres” presentado por ONU Mujeres, concluye al analizar los datos sobre la tolerancia institucional frente a  este tipo de violencias, que es necesario, en un primer momento la capacitación de los y  las servidoras públicas con el fin de evitar que sus ideas y creencias subjetivas interfieran en las labores de prevención, atención y acompañamiento de los casos de violencias basadas en género; en segunda medida, y de manera conjunta a lo anterior, trabajar en la percepción y confianza ciudadana frente las Instituciones, garantizando atención oportuna y humana a las víctimas.

Bueno, si me lo preguntan, para mi tanto la sociedad, como el Estado y sus Instituciones son cómplices. Toda acción tiene su reacción y si la sociedad normaliza las actitudes violentas y el Estado y sus Instituciones no escuchan, no acompañan, y no apoyan a las mujeres que acuden a la justicia buscando protección, la consecuencia directa es que, quienes ejercen este tipo de violencias, en su mayoría las parejas de las víctimas, se sientan seguros e incluso con autoridad para hacerlo porque “los trapos sucios se lavan en casa. Las acciones violentas seguirán siendo parte del constructo social por mucho tiempo si el Estado y su Instituciones trabajan desde la omisión, perpetuando la violencia contra la mujer y haciéndola parte de la cultura como un comportamiento normalizado. Durante el tiempo en el que escribí esta columna, al menos dos mujeres han sido víctima de algún tipo de violencia basada en género. La deuda histórica que la sociedad tiene con nosotras es inconmensurable, pero nosotras seguimos acá, en pie, luchando para que quienes llegan puedan tener un entorno y una sociedad segura, feminista y anti patriarcal y para quienes nos fueron arrebatadas sean recordadas, honradas y obtengan justicia.

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